sábado, 5 de mayo de 2012

¿CORRUPCION BRUTAL CON AMPARO PRESIDENCIAL? - PARTE I


Presidente Morales y alcalde Brú, felices y contentos.

Las acusaciones de corrupción y la correspondiente investigación del Ministerio Público salpican a muchos en el departamento de Tarija, debido a la monumental captación y circulación de recursos públicos que genera la extracción de gas natural en el chaco tarijeño. Uno de los alcaldes “de derecha” que goza de la más estrecha amistad del Presidente constitucional Juan Evo Morales Ayma, tiene un historial de imputaciones por presuntos delitos de corrupción.

Se trata del proyecto “Construcción del nuevo Mercado Central de Yacuiba, que en cuatro años y medio aún no se construye pese al millonario desembolso de recursos tarijeños y yacuibeños. La historia tiene como protagonistas no sólo al ejecutivo municipal, sino a concejales, oficiales mayores, directores, fiscales y supervisores de obra, además de la empresa contratista, que son investigados por la Fiscalía Anticorrupción.


El 23 de noviembre de 2007, el Concejo Municipal de Yacuiba representado por Jorge Arias Soto (Presidente) y Ana Daisy Urzagaste (Secretaria), emitió la Resolución Nº 299/2007 con la cual aprueban al alcalde Carlos Eduardo Brú Cavero, la suscripción del contrato para construir el nuevo Mercado Central de Yacuiba por el monto de 34.423.464,06 Bs., obra a ejecutarse en 730 días calendario. Es decir en dos años redondos, la empresa adjudicada CGP S.R.L. (Construcciones Generales Palacios) debía entregar la infraestructura a estrenar.

Considerando la fecha en que el Concejo Municipal de Yacuiba aprobó el contrato –el 23 de noviembre de 2009 (2 años más tarde) debía el acalde Carlos Eduardo Brú Cavero entregar el nuevo Mercado Central. No obstante, han transcurrido cuatro años y medio de visible retraso ante la inercia muy tolerante del Gobierno Municipal de Yacuiba hacia la empresa CGP.

El exceso de irregularidades en el proyecto y la construcción del nuevo Mercado Central de Yacuiba, ha derivado en una investigación de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción con asiento en Bermejo, investigación en la que el alcalde Carlos Brú Cavero y otros, es imputado por “conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, a denuncia interpuesta por Fernando Barrientos Iíguez.

Segunda de Hidalgo, dirigenta.
Por su parte, los locatarios a beneficiarse de la nueva construcción que aún no ha comenzado, han pedido al Gobierno Municipal de Yacuiba, la resolución del contrato con la empresa CGP S.R.L. debido a la paralización de un año redondo (13-05-11 al 13-05-12), después que la empresa contratista recibiera más dinero e hiciera la demolición del viejo edificio. Según declaración al corresponsal de LARGA VISTA hecha por Segunda de Hidalgo, Presidenta de una de las Asociaciones de Comerciantes del Mercado Central de Yacuiba, los locatarios exigen a la Comuna la inmediata rescisión del contrato con CGP para dar paso a una nueva contratación de otra empresa constructora.

ALCALDE BRÚ INVESTIGADO
El caso Nº 34 de la Fiscalía Anticorrupción de Bermejo, establece la denuncia de Fernando Barrientos Iñiguez, Director de Transparencia de la Gobernación del Departamento de Tarija en contra del alcalde de Yacuiba, Carlos Eduardo Brú Cavero por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Una vez asignada la Fiscal de Bermejo por la Fiscalía del Distrito de Tarija el 26 de octubre de 2010 para el conocimiento de la causa, la Fiscal Elizabeth Viveros Guzmán informa al Juez Instructor en lo Penal de turno de Yacuiba para el respectivo control jurisdiccional, la denuncia formal hecha por Barrientos el 1 de noviembre de 2010 contra el alcalde yacuibeño Carlos Brú.

La Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción, mediante la Fiscal Elizabeth Viveros Guzmán, requirió al Director de la FELCC Yacuiba, la designación de un policía investigador para que notifique en primera instancia, al alcalde Carlos Brú Cavero y presente sus pruebas de descargo, y al Presidente del Concejo Municipal, Jorge Arias Soto, para “coordinar con la investigación y esclarecer el hecho”. Requerimiento Fiscal formulado el 4 de noviembre de 2010.

La misma Fiscalía, el 11 de noviembre de 2010 reiteró al Tcnl. Alberto Velasco, Director de la FELCC Yacuiba, el requerimiento de designación de un policía investigador. Velasco respondió el 15 de noviembre, que asignaba al caso, al policía Jorge Cerezo.

Posteriormente, el 6 de diciembre, la Fiscal Elizabeth Viveros requirió al Presidente del Concejo Municipal, documentación legalizada referente a los servidores públicos municipales Gonzalo Mendivil (Oficial Mayor de Infraestructura), Dolly Soruco de Delfín y Juan Alvarado Ortiz (Fiscal de Obras), imputados junto al alcalde Brú por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La misma fecha, la Fiscal requirió a Jorge Arias Soto, documental referida al proyecto concurrente “Construcción del Mercado Central de Yacuiba”, entre ellos: documentos que acrediten fidedignamente los desembolsos monetarios para ejecutar el proyecto, planillas de obra acorde al Fiscal de Obras de la Alcaldía, e informe técnico del Fiscal de Obras del Gobierno Municipal.

Nuevamente la Fiscalía de Bermejo, requirió al Director de la FELCC Yacuiba el 6 de diciembre, notificar para sus declaraciones, al alcalde, al presidente del Concejo, a los servidores públicos municipales Gonzalo Mendivil, Dolly Soruco de Delfín, Juan Alvarado Ortiz; y al representante de la empresa CGP SRL, Jorge Mario Palacios Tassakis.

Con otro Requerimiento Fiscal del 17 de febrero de 2011, Elizabeth Viveros se dirige a Jorge Arias para reiterar solicitud de planillas de desembolsos, documentos relativos al avance financiero y físico, informes sobre actividades ejecutadas y obras adicionales. Asimismo, requiere demostrar el cumplimiento de las recomendaciones de la ex Prefectura y actual Sub Gobernación al Concejo Municipal y Comité de Vigilancia para la fiscalización y control social respectivos.

ANOMALÍA 1:
La Prefectura de Tarija desembolsó recursos para el proyecto concurrente, y la alcaldía no cumplió su parte ni la empresa ha iniciado aún la construcción del nuevo mercado. De acuerdo a memorial con informe anillado adjunto del 19 de noviembre de 2010 presentado por el denunciante Fernando Barrientos Iñiguez, Director de Transparencia del Gobierno del Departamento Autónomo de Tarija, la administración departamental desembolsó a la alcaldía de Yacuiba 4.502.007.- Bs. de los 11.882.052.- Bs. convenidos, es decir, el 11,3% del costo total de la obra. Según el denunciante, la ejecución total de la obra no tiene el avance físico ni siquiera acorde al desembolso de la Prefectura. Según el Ing. Juan Alvarado Ortiz, Fiscal de Obras del Gobierno Municipal de Yacuiba, hasta el 10 de noviembre de 2010 la obra registra el 1,7% de avance físico (“Informe Técnico del Estado actual”)

ANOMALÍA 2:
La alcaldía desembolsó recursos a la empresa CGP y 4 años y medio más tarde, aún no comienza la construcción del mercado. Según el Informe de la Comisón Jurídica del Concejo Municipal del 8 de noviembre de 2010, se incrementó el monto de la obra a 36.105.394,15 Bs. (4,89% adicional al monto original de 34.423.464,06 Bs.). El Informe Jurídico que aprueba la segunda modificación lo firman los concejales Daisy Urzagaste, Adriana Flores y Jorge Arias Soto.


Con la tercera modificación aprobada por los concejales Daisy Urzagaste, Ramiro Coya y Jorge Arias Soto de la Comisión Jurídica del Concejo Municipal, el monto de la construcción del nuevo mercado que aún no comienza, se incrementó en 3.629.984,99 Bs. Ahora el total de la obra costará al erario público 39.586.983,67 Bs.



ANOMALÍA 3:
La alcaldía alquila inmueble a la familia del contratista, para funcionamiento provisional de una parte del mercado Central. Los concejales Jorge Arias Soto y Ana Daisy Urzagaste firman la Resolución Nº 068/2009 del 13 de mayo de 2009, aprobando el contrato "Alquiler de un inmueble para el funcionamiento del Mercado Central", suscrito entre el alcalde Carlos Brú Cavero y la esposa del contratista que construiría dicho Mercado, Martha García de Palacios, por un monto de 180.285.- Bs. para 17 meses.


ANOMALÍA 4:
La alcaldía construyó infraestructura en predios particulares de la familia del contratista, para garantizar el traslado de una parte de los locatarios. Primero con 554.260,85 Bs., luego con 328.983,28 Bs., se construyó una obra “provisional” de buena calidad en el predio de la familia Palacios ubicado en la calle Santa Cruz. La misma empresa CGP representada legalmente por Jorge Mario Palacios Tassakis construyó una infraestructura en el inmueble de la esposa de Palacios, por el precio de 913.527,34 Bs. provenientes de las arcas municipales.

ANOMALÍA 5:
La alcaldía modificó tres veces el contrato sin que hasta la fecha se inicie la construcción del nuevo Mercado Central. La primera modificación incrementó los 34.423.464,06 Bs. del contrato original en 1.622.438,98 Bs. La segunda modificación incrementó 1.097.386,03 Bs. al monto original. La tercera modificación incrementó 3.629.984,99 Bs. al contrato original. En total, la obra costará 5.163.519,61 Bs. más de lo previsto en la licitación y adjudicación (15% más).

La primera modificación es aprobada por seis concejales (de 11) el 25 de septiembre de 2009 con la Resolución de Concejo Nº 193/2009. La segunda modificación es aprobada por siete concejales (de 11) el 12 de noviembre de 2010 con la Resolución de Concejo Nº 070/2010.

ANOMALÍA 6:
La empresa CGP tiene paralizada la obra desde el 13 de mayo de 2011. En dicha fecha, el Concejo Municipal aprobó una adenda al Convenio del 2007 suscrito con los locatarios del Mercado Central, para garantizar el derecho a una caseta a cada locatario. Desde aquel momento, recién procede la empresa CGP S.R.L. a las obras de demolición y luego mas nada.



ANOMALÍA 7:
La alcaldía favorece a la empresa CGP adecuando los términos de la Convocatoria referidos a la “Experiencia Específica” que el proponente debe tener. Según el denunciante en su Informe 11B/2010 ofrecido como prueba, la Convocatoria establece como “Experiencia Específica, el conjunto de obras civiles similares a la obra sujeto de la contratación”. No obstante, en la Sección II.2.4 de la Licitación Pública Nacional Nº 041/2007, la alcaldía considera como “obras similares” a edificios, hospitales, centros de salud, centros educativos, Centros Sociales y Comerciales, instalaciones deportivas y recreativas, terminales, viviendas de interés social, uni y multi familiares, galpones y hangares. Acápite que contradice el punto 23.1.1 referido a que la “construcción de obras civiles en general no pueden ser incluidas como experiencia específica”.

TARDANZA CURIOSA
Tanto la real construcción del nuevo Mercado Central como la investigación del Ministerio Público, experimentan una tardanza inusual. Sobre la primera, el Gobierno Municipal justifica las tres modificaciones de contrato, en cada una de las cuales se amplió el plazo de entrega de la obra. Sin embargo, ha llegado al extremo de exigir recientemente (13 de marzo de 2012) a los locatarios del Mercado Central, la firma de un “Acta de Acuerdo Avencional” mediante el cual responsabilizan a “los vecinos de la calle Comercio, la Cámara de Industria y Comercio de la ciudad de Yacuiba y el transporte de Yacuiba” por el retraso del inicio de la obra.

Sobre el segundo caso, la investigación del Ministerio Público no ha sido de conocimiento público y hasta la declaración de dirigentes ha tratado de mantenerse en reserva. El principal imputado, el alcalde Carlos Eduardo Brú Cavero, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción cuando fue citado por ésta el 23 de noviembre de 2010 a las 15:45 horas.

Según trascendidos que corren en los pasillos edilicios, la estrecha relación amistosa del bugomaestre con el Presidente del Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, le ha servido como “paraguas” frente a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Trasciende en medios de comunicación locales por declaraciones de analistas y líderes de opinión, que el Primer Mandatario es padrino de uno de los hijos del alcalde Bru, existiendo de por medio una sólida relación de “compadrazgo”.

A ello se suma el factor político. Las constantes visitas del Presidente a Yacuiba, han derivado en reuniones con el alcalde derechista, ex militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario y ahora remozado en la también derechista agrupación ciudadana PAN. Reuniones vistas con recelo por dirigentes y militantes masistas, y las organizaciones sociales, que en todas las visitas presidenciales han estado excluidos de cualquier reunión con Su Excelencia.

Desde que el alcalde Brú Cavero ha recibido una lluvia de imputaciones mediante la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción con asiento en Bermejo, su alineamiento al oficialismo gubernamental se ha hecho más evidente. Frente a su marcado “regionalismo” del pasado, Brú Cavero ha adoptado ahora la cosmovisión andina y liderado el recibimiento del “año nuevo aymara” en 2011.

Su participación en coyunturas políticas regionales, departamentales y nacionales, converge ahora en los lineamientos de Palacio Quemado. Quien fuera antes un activo integrante de la “media luna” y co partícipe del llamado “golpe cívico prefectural” contra el régimen de Evo Morales, ahora le puso la firma a un acuerdo capitulador suscrito con el ministro Juan Ramón Quintana el pasado 26 de enero en Santa Cruz, acuerdo que viabiliza el estudio de la empresa Gaffney Cline y Asociados cuyo resultado actual manda compartir la cuarta parte de regalías del megacampo Margarita ubicado en territorio tarijeño, con el departamento de Chuquisaca.

Opositores locales y regionales al alcalde Carlos Brú Cavero preguntan ahora, ¿su funcionalidad al oficialismo gubernamental le reditúa inmunidad frente a las imputaciones por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros tipificados por la Ley “Marcelo Quiroga” que le sigue la Fiscalía Anticorrupción de Bermejo?

INTERROGANTE DE FONDO
Si la empresa CGP  cobró el 20% del contrato global en calidad de anticipo, es decir, 6.884.692,81 Bs. más los desembolsos (5.163.519,61 Bs.) por “modificaciones de contrato”, y si la construcción del nuevo mercado no ha comenzado aún…¿dónde está el dinero?

Continuará.....




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